República de Colombia
Corte Constitucional
Presidencia
Oficina de Comunicaciones
Boletín de noticias 29 de marzo de 2012
EL TIEMPO
'CORTE SE POLITIZÓ E IMPREGNÓ DE CORRUPCIÓN': REPRESENTANTE RAMÍREZ
Siguen las críticas de algunos sectores del Congreso al máximo tribunal penal.
La representante conservadora Marta Cecilia Ramírez cuestionó las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia al manifestar que la institución no está generando confianza para el país.
"Yo digo que es muy triste para el país sentir que la Corte Suprema de Justicia se ha dejado politizar y se ha dejado impregnar por la corrupción", dijo la representante Ramírez en declaraciones al Canal del Congreso.
Sus comentarios se presentan justo al comenzar una legislatura en la que el Congreso de la República deberá discutir en los debates finales el proyecto de reforma a la Justicia, el cual ha creado algunas fricciones entre las ramas ejecutiva, legislativa y judicial.
"Ojalá nosotros pudiéramos meter la mano por la Corte (...) Siento pesar porque la democracia del país tiene que estar muy garantizada en la Justicia, y si la Corte Suprema de Justicia no nos genera confianza, en quién vamos a confiar", dijo Ramírez.
Las declaraciones de la representante antioqueña contrastan con los esfuerzos que ha hecho el Gobierno para tratar de apaciguar los ánimos entre las diferentes ramas del poder público.
Concretamente, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, ha hecho un llamado para buscar un entendimiento en una reforma en la que se ha discutido la posibilidad de limitar la potestad nominadora de las Cortes, la existencia del Consejo Superior de la Judicatura y de la Comisión de Acusaciones y la investigación de los funcionarios aforados.
Los primeros textos aprobados con el Congreso han sido considerados por la mayoría de las cortes como una afrenta, al punto de que el proyecto ha sido rotulado como una "revancha" por las investigaciones que inició la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia contra congresistas involucrados en la parapolítica.
Los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Juan Manuel Corzo y Simón Gaviria, han desmentido que se trata de un acto revanchista.
La representante Ramírez admite, no obstante, que el ambiente que ha rodeado la discusión ha sido tenso. "El congresista trabaja con muchas presiones: la presión de los medios (de comunicación) que le acaba el nombre y la presión de la Corte que le acaba con su libertad".
Como colofón, sostiene que en muchas ocasiones se abren investigaciones basadas en anónimos, lo que los magistrados desmienten. "Están jugando con la vida y la libertad de las personas", puntualiza.
EDUARDO MONTEALEGRE DEFIENDE PROYECTO DEL FUERO MILITAR EN LA CÁMARA
El fiscal designado habló en la Comisión I como miembro del grupo que elaboró la propuesta.
En sesión informal, la Comisión Primera de la Cámara escuchó este miércoles al jurista y académico Eduardo Montealegre, recientemente designado por la Corte Suprema como nuevo fiscal General de la Nación.
Montealegre, quien no habló como jefe de ente investigador porque aún no se ha posesionado en ese cargo, dio una explicación académica sobre la propuesta del fuero militar que elaboró la comisión que conformó el Gobierno para ello, y de la cual fue integrante. (Así ha sido el debate por el fuero militar)
De acuerdo con Montealegre, “todo lo que son graves violaciones a los derechos humanos, como delitos de lesa humanidad, genocidio, tortura, desaparición extrajudicial, crímenes sexuales dentro del conflicto y otros son de competencia de la justicia ordinaria, mientras que los delitos que se cometan propiamente en el marco del conflicto, como desarrollo de operaciones ajustadas al Derecho Internacional Humanitario (DIH), serían de competencia de la justicia penal militar”.
El jurista se refierió al artículo tercero del proyecto de reforma constitucional, el cual, según quedó en la ponencia que la célula legislativa comenzará a debatir este miércoles, determina que los delitos de lesa humanidad y genocidio que cometan los militares serán de conocimiento de la justicia ordinaria y no de la castrense.
Montealegre también afirmó que, en consecuencia, este nuevo proyecto del fuero militar “avanza mucho más” que el artículo que permanece en la reforma de la justicia.
“(La reforma de la justicia) se limita exclusivamente a señalar unas precisiones que indican temporalmente qué delitos van a la justicia penal militar y cuáles a la ordinaria, pero la propuesta no señala cuáles son los criterios materiales (…) que deben determinar para siempre qué es de la justicia ordinaria y qué de la penal militar”, explicó el académico.
Se suspendió la Plenaria
La Comisión Primera de la corporación tiene previsto comenzar este miércoles la discusión del proyecto de reforma constitucional.
Aunque estaba citada para las nueve de la mañana, los representantes de la célula legislativa solamente comenzaron a sesionar a las 11:35 de la mañana, cuando en sesión informal escucharon al jurista y recientemente designado fiscal general, Eduardo Montealegre, quien les hizo una explicación académica del proyecto sobre la justicia penal militar, como miembro de la comisión de expertos que conformó el Gobierno para este fin.
Debido a este retraso, a la altura de las tres de la tarde la Comisión Primera aún estaba en el primer punto del orden del día, es decir el quinto debate del marco jurídico para la paz, que también es una reforma a la Carta Política.
Ante esta situación y para poder avanzar en el debate y votación del proyecto sobre el fuero militar, la Mesa Directiva de la Cámara suspendió la plenaria de la corporación, en la cual estaba previsto un debate de control político a los ministros de Hacienda y de Minas, sobre las exploraciones de petróleo y carbón en el país.
La iniciativa sobre la justicia penal militar cumple su primero de ocho debates reglamentarios, en la Comisión Primera de la Cámara.
'LA U' ADVIERTE QUE NUEVO PRESUPUESTO MARCHITARÍA A LA RAMA JUDICIAL
Esta colectividad y el Polo dicen que Hacienda debe explicar cómo financiará rama judicial.
Los partidos de 'la U' y el Polo Democrático coincidieron este martes en que el Ministerio de Hacienda debe hacer claridad sobre la forma en que se va a financiar la Rama Judicial, lo cual se debe hacer antes de comenzar la segunda vuelta del proyecto de reforma constitucional de reforma de la Justicia.
El jefe único del Partido de 'la U', senador Juan Lozano, afirmó que "la fórmula de financiación de la Rama Judicial que presentó el Ministerio de Hacienda condena al marchitamiento presupuestal de la Rama y, por ende, al empobrecimiento del Estado en su capacidad de administrar justicia".
El congresista señaló que el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, debe acudir al Congreso y explicar de qué forma se garantiza el funcionamiento presupuestal de la Rama.
El senador Juan Lozano agregó que en el proyecto de reforma de la Justicia hay "mezcla perversa porque se marchita la justicia y se estimula la justicia pagada y cobrada con operadores ajenos a la Rama Judicial".
Esto lo dice por la facultad que se les otorga a notarios y abogados particulares para que resuelvan algunos casos. "Les sustrae de la justicia la competencia a jueces y magistrados en muchos procesos para trasladarlos a abogados y notarios a los que hay que pagarles", dijo Lozano.
La fórmula que se aprobó en el proyecto dice que el presupuesto de la Rama crecerá con el IPC más un dos por ciento, y en los próximos cinco años se adjudicará un billón de pesos adicional.
Este planteamiento lo compartió el senador del Polo Luis Carlos Avellaneda, quien afirmó "el Ministerio de Hacienda se comprometió a traer al Congreso un estudio sobre el comportamiento del gasto en la Rama Judicial, y además a atraer una propuesta en materia de cuál debería ser el presupuesto para la Rama, pero hasta el momento no lo ha traído".
Luis Carlos Avellaneda afirmó que "le reclamo al Gobierno que cumpla con esa promesa que le hizo al Congreso".
Otro punto en el que coincidieron los partidos de oposición y de Gobierno es en rechazar la fórmula de descongestión judicial".
"La descongestión no se resuelve quitándole competencias a los jueces, trasladándolas al sector privado y fortaleciendo a la Rama Ejecutivo, lo que debilita la Rama Judicial", puntualizó Avellaneda.
El presidente de la Comisión Primera del Senado, Luis Fernando Velasco, citó al Ministro de Hacienda para este miércoles, con el fin de que resuelvan estas dudas.
La ponencia para iniciar la segunda vuelta de la reforma de la Justicia (quinto debate) se radicará a más tardar el jueves y, entre los puntos nuevos, se supo que el Gobierno insistirá en la eliminación de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
HAY PREACUERDO PARA RETIRAR FUERO MILITAR DE REFORMA DE LA JUSTICIA
Tres de los cinco ponentes que tiene en Senado apoyan ajustes propuestos por el Ejecutivo.
El artículo que amplía el fuero militar sería retirado de la reforma de la justicia, si se cumple el preacuerdo al que llegaron el Gobierno y 3 de los 5 ponentes de la iniciativa en la Comisión Primera del Senado.
El borrador de la ponencia acordada para quinto debate excluye el artículo por el que pelean los uribistas.
En la reunión en el Capitolio, liderada por el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, se dispuso apoyar la reforma integral al fuero militar presentada por el Gobierno y que ayer fue aprobada en primer debate en la Comisión Primera de la Cámara.
El preacuerdo se dio gracias al concurso de congresistas liberales, verdes y del Polo. "Radicaremos la nueva ponencia sin el artículo de las peleas", dijo el senador liberal Jesús Ignacio García.
Sin embargo, los ponentes Juan Carlos Vélez ('la U') y Eduardo Enríquez Maya (conservador) se negarán a apoyarla. "Nos vamos a hacer contar", advirtió Vélez, quien es cercano al expresidente Álvaro Uribe.
Eduardo Montealegre, fiscal general, afirmó que "el artículo de la reforma de la justicia es insuficiente, es una propuesta que no resuelve los problemas estructurales de la Fuerza Pública".
De otro lado, ayer 'la U' le hizo un fuerte reclamo al Gobierno por la fórmula que se aprobó en la reforma de la justicia para financiar la rama. El jefe de la colectividad, Juan Lozano, dijo que incrementar los recursos de la Rama Judicial de acuerdo con el Índice de Precios del Consumidor, más un 2 por ciento anual y 1 billón de pesos para distribuir en los próximos cinco años, es poner a los jueces a "mendigar" presupuesto.
Lo que establece la iniciativa es un "golpe de muerte al principio de la separación de poderes", agregó Lozano, quien considera que lo que se está tramitando es más una "reforma política". La crítica de Lozano recayó en el minhacienda, Juan Carlos Echeverry, quien pidió en la Comisión Primera del Senado "no constitucionalizar" el presupuesto de la Rama Judicial, argumentando que se necesita "flexibilidad presupuestal".
TUMBAN REFORMA QUE PERMITÍA MANTENER EN CARGOS EMPLEADOS PROVISIONALES
Más de 120 mil trabajadores ya no podrán homologar el tiempo que llevan como provisionales.
La Corte Constitucional cerró la posibilidad de que empleados públicos provisionales se queden en forma definitiva en los cargos que ocupan acreditando 5 años de experiencia en el oficio y demostrando el conocimiento de la entidad para la que trabajan.
Los magistrados del alto tribunal, en una decisión dividida, tumbaron una reforma constitucional, aprobada por el Congreso en junio del 2011, apelando a la tesis de que la norma aprobada sustituye el espíritu y los principios de la Constitución de 1991.
La decisión podría afectar a más de 120 mil trabajadores provisionales que tenían la opción de homologar, en un concurso de méritos, el tiempo que llevaran como empleados provisionales, y así aspirar a quedarse en los cargos obteniendo ventajas sobre los demás aspirantes.
La norma establecía que los provisionales obtendrían 70 puntos en la calificación del concurso sólo con acreditar cinco años de servicio en el cargo, y esta experiencia sería validada luego de presentar algunas pruebas que acreditaran sus conocimientos sobre las entidades para las que laboraban.
A juicio de la Corte, la norma cambia el espíritu del artículo 125 de la Constitución, que establece como condición para ingresar o ascender a los cargos del Estado únicamente un concurso de méritos.
La reforma daba una ventaja extraordinaria a quienes acreditaban la experiencia y desvirtuaba el concurso público.
Esta es la segunda vez que la Corte tumba una reforma constitucional con esta misma tesis.
Hace cuatro años, los magistrados declararon inexequible un acto legislativo que reformaba el artículo 125 de la Carta Política y ordenaba el nombramiento en propiedad de todos los empleados que estuvieran en ese momento en provisionalidad en cargos del Estado.
EL ESPECTADOR
CORTE TUMBÓ PROVISIONALIDAD DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL ESTADO
Consideró que la carrera administrativa no puede homologar la experiencia y los estudios con la prueba de conocimiento.
Con una votación de 5 a 4, la Corte Constitucional declaró inexequible la ley que permitía el ingreso a carrera de funcionarios y empelados provisionales.
Según la decisión del alto tribunal, tienen que respetarse el concurso para elegir a los funcionarios, señalando enfáticamente que tienen que participar en una carrera para lograr el puesto.
La Corporación consideró que con la provisionalidad se estaba violando el principio al mérito al homologar estudios y experiencia por la prueba de conocimiento. Y es que dicha provisionalidad en los puestos eran utilizados para ganar puntos en la carrera administrativa.
Con esta decisión resultarán afectados 120 mil empleados que estaban en provisionalidad y 70 mil que estaban en encargo, hecho por el cual tendrán que participar en concurso de carrera. Esta ley afecta a todos los funcionarios excepto a los de la rama judicial y el magisterio.
JUAN CARLOS HENAO RENUNCIA A LA CORTE PARA ASUMIR COMO RECTOR DE LA U. EXTERNADO
Así las cosas, habrá que presentar una terna para elegir al nuevo presidente del alto tribunal.
En la tarde de este miércoles, el expresidente de la Corte Constitucional, Juan Carlos Henao presentó su carta de renuncia para asumir el cargo como rector de la Universidad Externado de Colombia.
Pese a que su carta no ha sido aceptada por los magistrados del alto tribunal, el centro educativo le notificó su elección como remplazó de Fernando Hinestrosa, quien falleció el pasado 10 de marzo.
En la terna para uno de los cargos educativos más importantes del país estaban el exprocurador y exfiscal General, Alfonso Gómez Méndez, así como el exjefe del Ministerio Público, Jaime Bernal Cuellar.
Su reemplazo
Apenas le sea aceptada la renuncia a Henao Pérez, la Corte Constitución tendrá que presentarle su decisión al Consejo de Estado, organo que lo ternó, para que presente una nueva lista con tres nombres de los cuales se eligirá su reemplazo.
El alto tribunal tendrá un lapso de quince días, presente la terna ante el Senado de la República. La elección deberá producirse dentro de los treinta días siguientes a la fecha de presentación de la terna o de la iniciación del período ordinario de sesiones en caso de que a la presentación de la misma el Congreso se encontrare en receso.
Mientras se provee el cargo por falta absoluta o por falta temporal de uno de sus miembros la Corte Constitucional llenará directamente la vacante.
Perfil
Juan Carlos Henao, es abogado de la Universidad Externado de Colombia, con especialización en Derecho Administrativo y Master en Derecho Público Interno Francés de la Universidad de París. Doctor en Derecho de la Universidad de Panthéon-Assas París
En el Ministerio Público se desempeñó como Asesor del despacho del Procurador General de la Nación, y como Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado, con funciones de señalar las directrices generales del ministerio público ante la jurisdicción, y de conceptuar a prevención en las Secciones del Consejo de Estado.
En la rama jurisdiccional desempeñó el cargo de Magistrado Auxiliar de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
Como docente ha sido Profesor invitado de las Universidades de Montpellier 1, Grenoble - PierreMendes, Rennes 1, Cergy-Pontoise y catedrático del Institut de Hautes Etudes de Sciences Politiquesen París (Sciences Po) y del Instituto de Altos Estudios de América Latina (IHEAL), París 3, también ha sido Profesor invitado a la cátedra Antonio Nariño en el Instituto de Altos Estudios de América Latina (IHEAL), París, y catedrático en la Universidad de Cergy-Pontoise.
Fue además profesor de los Departamentos de Derecho Constitucional, de Derecho Administrativo, de Derecho del Medio Ambiente, de Derecho Privado y de Sociología Jurídica, de la Universidad Externado de Colombia, Profesor de la materia Responsabilidad Extracontractual del Estado en la especialización de Gestión Pública e Instituciones Administrativas de la Universidad de los Andes.
Igualmente se desempeñó como profesor de la materia Derecho Administrativo Especial en IV año de Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana, Profesor de la materia ResponsabilidadExtracontractual del Estado en la especialización de Derecho Público del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.
Ha sido conferencista invitado en diversos eventos nacionales sobre temas de derecho administrativo, así como también en diversos eventos internacionales en Panamá, Brasil, Venezuela, Ecuador, México, Estados Unidos de Norteamérica, Francia, Canadá Marruecos y España.
Entre sus publicaciones más destacadas en libros y revistas especializadas se cuentan entre otros:“Estudios Constitucionales de Manuel Gaona Cruz”; “La acción de tutela y la responsabilidadextracontractual del Estado”, “La responsabilidad pecuniaria del servidor público en la ley 80 de 1993”;“La conciliación en derecho administrativo”; “La relación entre la acción de responsabilidad del Estado y la acción de tutela”; “Diálogos sobre la falla personal del servidor público en contratación estatal”, en asocio con Vivian Newman; “La responsabilidad patrimonial del Estado en Colombia”; “La defensa de los derechos colectivos y de los de grupos en derecho colombiano y francés”; “La peculiaridad del sistema colombiano en la protección de los derechos colectivos”; “De tal derecho lesionado, tal acción”; “El daño antijurídico. Concepto e incidencia en la responsabilidad estatal, in Gerencia Jurídica Pública”; “Alcance de la defensa de derechos por el ministerio público, in Memorias de una conmemoración. 70 años del Ministerio Público en Asuntos Civiles”; “La défense des droits collectifsdans le systéme juridique colombien, in Revue Studia”; “El riesgo y la amenaza de daño en el marco del derecho del medio ambiente, el libro colectivo El daño ambiental”.
Magistrado de la Corte Constitucional desde el primero de marzo de 2009. A partir del 10 de febrero de 2010 asumió la Vicepresidencia de la Corporación y el nueve de febrero del año pasado fue elegido como presidente del alto tribunal.
CORTE DEJÓ EN FIRME VIGENCIA DE LEY DE VÍCTIMAS Y DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS
El alto tribunal ratificó la fecha en que ambas serán aplicables.
La Sala Plena de la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de la ley que atribuye términos para la entrada en acción de la ley de víctimas y restitución de tierras.
El alto tribunal consideró que la ley de víctimas se aplicará desde el primero de enero de 1985, mientras que la restitución de tierras entrará a operar por hechos registrados desde primero de enero de 1991.
Según la Corte Constitucional, no se violaron los principios de la igualdad, como lo argumentaban las dos demandas radicadas en contra de la ley 1448 de 2011 en su artículo 3.
La Corporación estudió en este caso las consideraciones de la víctima para efectos de la atención, asistencia y reparación integral establecida en la ley, así como los derechos de los titulares en la restitución de tierras.
CÁMARA APROBÓ EN PRIMER DEBATE REFORMA A JUSTICIA PENAL MILITAR
Existirá una defensa técnica especializada y privilegios carcelarios para los uniformados que terminen procesados.
La comisión primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate, la noche de este miércoles, el proyecto de reforma a la Justicia Penal Militar.
La iniciativa establece que todos los actos del servicio cometidos por uniformados que sean llevados a los tribunales, serán de conocimiento de la Justicia Penal Militar. Para los casos de lesa humanidad y genocidio, los procesos irán a la justicia ordinaria.
El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, defendió el proyecto y el fortalecimiento del fuero a través de este acto legislativo, pues todos los delitos de lesa humanidad serán remitidos a la justicia ordinaria y los actos del servicio llegarán a las cortes marciales. "Nunca pretenderemos que la justicia militar se convierta en un centro de impunidad", recalcó.
Puntos claves del proyecto:
Se crea un fuero carcelario para militares con el fin de que no terminen detenidos con delincuentes comunes.
Se crea el tribunal de garantías donde se busca una composición equilibrada entre miembro de la Fuerza Pública y miembros de la población civil.
Se crea la defensoría técnica militar adscrita al ministerio de Defensa. Además, se crea un fondo para alimentar económicamente la misma defensoría.
Se estipula la posibilidad de crear por vía de ley un Código Penal Militar y otro Policial.
Advertencia frente a 'falsos positivos'
La advertencia fue hecha por el representante Guillermo Rivera Flórez, quien dijo que, que tal y como se está aprobando el proyecto, los procesos contra militares por ‘falsos positivos’ pasarían a las cortes marciales y serían fallados por jueces militares. Su afirmación está soportada en que las actuales condenas contra militares se dan por el delito de “homicidio en persona protegida”.
Por eso, según él, de acuerdo al texto que se está discutiendo, tal y como viene en la ponencia, “los falsos positivos pasarían a ser competencia de la Justicia Penal Militar”.
“¿Qué le vamos a explicar a la comunidad internacional que está tan atenta del desenlace de las investigaciones de los falsos positivos?”, se preguntó Rivera.
En ese sentido, propuso que se aclare que en manos de la justicia ordinaria, también quedarán los procesos por homicidio “en persona protegida” por el Derecho Internacional Humanitario.
Y agregó: “Aquí hay que tener muchísimo cuidado porque esto no se trata de establecer quienes estamos con la Fuerza Pública y quiénes no estamos”.
Justicia Penal Militar, ¿puerta a otros 'Tolemaida Resort'?
La iniciativa, que establece privilegios carcelarios para los militares, a juicio del representante (Polo) Germán Navas Talero, abriría la puerta a nuevos ‘Tolemaida Resort’; así fue conocido a mediados de 2011 el centro de reclusión de los militares en esa base militar del Tolima, debido a los lujos que tenían varios uniformados recluidos en esa cárcel castrense.
Navas exigió al Gobierno y a los mismos representantes que le digan al país cuántos de los comandantes de esa base militar en esa época han sido sancionados por permitir lujos a los uniformados ahí recluidos.
De inmediato, uno de los ponentes del proyecto, el representante (conservador) Oscar Fernando Bravo, dijo que no está de acuerdo con promover lujos a los militares detenidos.
En ese sentido, Bravo consideró un exabrupto que, por lo menos en el caso del coronel (r) Alfonso Plazas Vega, se pensara en enviarlo a “las mazmorras” de una cárcel común.
A su turno, otro de los ponentes, el representante (La U) Efraín Torres Monsalvo, dijo que darle privilegios carcelarios a los militares “no se trata de crear un hotel de cinco estrellas para los condenados de las Fuerzas Militares”.
“Queremos es darle garantías a la Fuerza Pública para que puedan cumplir sus condenas (…) no es posible que un policía cumpla su condena al lado de un ladrón o un militar al lado de un guerrillero o un paramilitar”, sostuvo.
LA JUSTICIA NO PUEDE MENDIGAR PRESUPUESTO AL GOBIERNO
Así lo advirtió el senador del Partido de la U, Juan Lozano.
Fuertes críticas recibió el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, de parte del Congreso por no haber presentado ninguna fórmula para garantizar los recursos de descongestión y funcionamiento de la justicia, cuando el acto legislativo de reforma a la rama que se viene discutiendo desde hace más de ocho meses.
Nuevamente el más enfático crítico del Gobierno fue el senador del Partido de la U, Juan Lozano, quien advirtió que "los representantes de la justicia no pueden andar mendigándole a usted (Ministro de Hacienda) presupuesto para la garantizar su independencia. Acá estamos hablando de la vigencia del Estado de Derecho que no puede depender del querer caprichoso del Ejecutivo".
Estas críticas se dieron luego de que el ministro de Hacienda se presentara en la comisión primera del Senado a exponer su propuesta de financiamiento de la rama, en el marco de la cual planteó que “no se debe incluir este tema en la reforma a la justicia porque eso sería constitucionalizar el presupuesto lo cual inflexibiliza las finanzas del Estado”. Propuso construir una fórmula en la cual participen las carteras de Hacienda, Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura. Sin embargo, Echeverry no presentó un planteamiento concreto.
Por este motivo, el senador Lozano le reclamó: “señor ministro este es un tema de gran importancia, lo hemos esperado ocho meses y usted no nos ha contestado cómo vamos a garantizar el dinero para la justicia”.
El reclamo que fue respaldado por el senador Luis Carlos Avellaneda quien afirmó presentaba su más enérgica protesta. "No entiendo cómo no hay estudios, no entiendo cómo no hay propuestas, no entiendo cómo el ministro viene a hablarnos de presupuestos para la justicia sin presentar una sola propuesta”, afirmó.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEBERÁ IMPLEMENTAR POLÍTICAS EN CONTRA DEL "MATONEO ESCOLAR"
Así lo ordenó la Corte Constitucional debido a los reiterados casos de acoso y hostigamiento.
El matoneo es un asunto sistemático, repetitivo, que tiene un victimario y una víctima frecuentes, y no debe confundirse con una pelea entre muchachos o un evento aislado.
En los próximos seis meses el Ministerio de Educación deberá implementar acciones para prevenir el acoso u hostigamiento entre estudiantes en colegios.
Así lo ordenó la Corte Constitucional, al considerar que según cifras el 12 por ciento de deserción escolar se produce por conflictos y violencia entre niños.
Para el alto tribunal, es preocupante el aumento de casos del llamado “matoneo escolar” o “bulin”, precisando que no existen acciones claras frente para disminuir o atacar estos casos.
Igualmente el alto tribunal le ordenó al Ministerio de Educación y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que se implementen dichas políticas en los manuales de convivencia de todas las instituciones del país, con el fin de reducir las cifras.
La Procuraduría General le sugirió a la Corte ordenar una política de coordinación entre los colegios y fiscales de adolescencia para enfrentar conductas criminales de los jóvenes.
Según unos estudios revisados por la Corte Constitucional, el 88, 7 por ciento de los niños afirman haber presenciado agresiones, 19 por ciento reconocen ser agresores y el 40 por ciento dicen ser víctimas del matoneo.
QUÉ HAY DETRÁS
Hoy brillan más que nunca aquellos contextos políticos, sociales e institucionales que plantean un escenario difícil para la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, bandera del presidente Juan Manuel Santos y una de las apuestas más progresistas que se han visto en esta materia: pensar en lo justo, en resolver este problema ético que acompaña la historia del país. Devolver lo que los armados les quitaron por la fuerza a los campesinos. Un paso adelante, por vía administrativa, que significaría mucho.
Desde el principio se intuyó que esto no sería fácil. Y no lo es. El problema de las cifras de tierras devueltas a los campesinos que algunas veces no cuadran (denunciadas en el Congreso hace un tiempo); el tema de la seguridad que la misma OEA ha mencionado en un informe, en donde se dice que los líderes campesinos y las personas que solicitan la restitución corren peligro. Esto último viene acompañado por los ejemplos vivos, de carne y hueso, mucho más dicientes que los informes, como la noticia de la desaparición forzada y el asesinato de Manuel Ruiz, de 56 años, miembro del Comité de Censo del Consejo Comunitario de Apartadocito, cuenca de Curvaradó, y de su hijo Samir de Jesús Ruiz Gallo, de 15 años, por paramilitares que actúan en el territorio de Curvaradó, muestras de que la cosa no es jugando.
La renuncia de Juan Manuel Ospina a la dirección del Incoder, entidad encargada de ejecutar la política agropecuaria y de desarrollo rural, fundamental también para la restitución, es el último campanazo sobre la suerte de esta política. Y no porque Ospina sea muy importante para ella (aunque, sin duda, tiene razones de respaldo para haber estado ahí), sino más por la sensación de crisis institucional que deja entrever su retiro. Hasta el momento en que se escriben estas líneas, las razones de su renuncia siguen siendo confusas. Se especula mucho: tal vez la entrada de Luis Eduardo Garzón a un estamento del gobierno que lidere la restitución, o las diferencias, acaso ideológicas, de la visión que Ospina y el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, tienen del campo, o también razones de gestión dentro de la entidad.
Pero más allá de la especulación, lo que sí se puede analizar son los problemas en torno al tema y que esta renuncia hace visibles. Algo hay que hacer para solucionarlos. ¿Qué otros líos institucionales se esconderán detrás de esta renuncia? No sólo la ciudadanía debería saberlo, sino que el Gobierno podría focalizar muchas más políticas para sacar con éxito la reforma: encontrar los puntos centrales, como en un mapa, y dar con una respuesta a las cosas que están saliendo mal, antes de encontrar un reemplazo que se acomode a su visión. ¿Quizás establecer una meta clara de cómo se quiere ver al campo colombiano? ¿Pensar en otras fichas más técnicas para los nombramientos de estos importantes cargos? ¿Realizar una limpieza en el Incoder? Un diagnóstico acertado de la renuncia podría dar lugar a la cura de la enfermedad que la causó. Está en manos del Gobierno. Entre otras cosas por el poder de la oposición que espera cualquier tropiezo para magnificarlo.
Por lo pronto, la veeduría a la política de restitución debe incrementarse. Muchos sectores (de opinión, de la academia, de la ciudadanía) tienen los ojos puestos en ella. Como dijimos en este espacio hace casi dos meses, no se puede dejar contento a todo el mundo. Pero sí se puede, y ya es urgente, tratar los asuntos problemáticos connaturales a esta política. Que ojalá no se ahogue. Ya lo hizo en el pasado un intento igual de valioso y por males parecidos. Otra frustración sería fatal.
EL NUEVO SIGLO
OTRA VEZ SE CAE LEY DE PROVISIONALES
La ley de provisionales, que permitía el ingreso a carrera de funcionarios y empleados provisionales, fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, por una votación de 5 a 4.
Con esta determinación del alto Tribunal, lo que se espera es que respete el concurso para elegir a los funcionarios, al mismo tempo se enfatiza que tienen que participar en un concurso para lograr el puesto.
Lo que se consideró es que con la provisionalidad se estaba violando el principio al mérito al homologar estudios y experiencia por la prueba de conocimiento. Igualmente se argumento que la provisionalidad se estaba utilizando para ganar puntos en la carrera administrativa.
Con el fallo de la Corte Constitucional, resultan afectados unos 120.000 empleados que estaban en provisionalidad y 70.000 que estaban en encargo, hecho por cual tendrán que participar en concurso de carrera. Esta ley afecta a todos los funcionarios excepto a los de la rama judicial y el magisterio.
El alto tribunal le dio la razón a la tesis de La Comisión Nacional del Estado Civil, que consideraba que violaba el principio de igualdad a las personas que se presentaron a concurso y que estaban en lista de espera.
Con este fallo lo que determina es que a partir de la fecha no se pueden generar actos administrativos, pero los que ya estaban quedarían en firme. Esta fue la explicación del abogado laboralista Andrés Camilo Murcia.
Cabe recordar que esta ley fue aprobada en Congreso de la República, en medio de manifestaciones de estos mismos 120.000 empleados que deseaban entrar a la carrera administrativa.
Con la iniciativa que fue declarada inexequible, el funcionario tenía que acreditar como mínimo cinco años en condición de provisionalidad. Y aplicaba para 70.000 empleados que estaban en las entidades públicas,
El coordinador de ponentes del proyecto de ley fue el representante Humprey Roa, del Partido Conservador, quien en su momento manifestó que lo que se pretendía era homologar la experiencia.
“A los provisionales que tengan más de cinco años de experiencia y a los que estén por encargo por más de tres años se les homologa la experiencia con 70 puntos en las pruebas que presenten”, explicó Roa cuando se aprobó la ley en la Cámara.
La encargada en homologar la experiencia era la Comisión Nacional del Estado Civil y al mismo tiempo era la entidad que desarrollaba las pruebas de los funcionarios.
La reforma excluía a jueces, magistrados, docentes, directivos docentes ya que varios de ellos ya se encontraban en carrera administrativa.
La ley que había sido aprobada en el legislativo indicaba que los funcionarios públicos que habían ingresado antes del 2004 en cargo de provisionalitas continuaban en el ejercicio del mismo hasta que adquieran sus derechos a la pensión.
La senadora Dilian Francisca Toro, de La U, fue la autora de dicha iniciativa y advertía que el proyecto de ley no pretendía desconocer el espíritu de la Constitución Nacional al establecer el ingreso a la carrera administrativa, a través del concurso de meritos.
Después de dos actos legislativos fallidos para solucionar la situación de provisionalidad de cerca 50.000 servidores públicos, quedaría vivo el proyecto del reten social del cual fue devuelta al Congreso de la República.
De devolver al Congreso, por vicios de forma, la ley que establece un retén social que garantizaba la estabilidad laboral a personas vulnerables. En el caso del retén social, el presidente Juan Manuel Santos el año anterior objetó esta iniciativa por considerar que era inconstitucional, toda vez que establece la necesidad de participar en concursos públicos para acceder a los cargos que provee el Estado. La decisión de la Corte Constitucional de devolverla al Congreso implica que la iniciativa tiene que cumplir nuevamente su trámite.
Una vez conocido el fallo de ayer sobre trabajadores provisionales, lo que se espera que el ministro del Trabajo, Rafael Pardo, se pronuncie y explique las implicaciones que se tienen para con los funcionarios del Estado.
RENUNCIA HENAO A LA CORTE CONSTITUCIONAL
Para cumplir con tal responsabilidad el expresidente de la Corte Constitucional presentó su carta de renuncia al alto tribunal.
A pesar de que su renuncia aun no ha sido aceptada por los magistrados de dicha Corte, la institución educativa le informó que fue elegido para reemplazar al recientemente fallecido Fernando Hinestrosa.
Entre los aspirantes al importante cargo se encontraban Alfonso Gómez Méndez, exprocurador y exfiscal General, y Jaime Bernal Cuéllar, exjefe del Ministerio Público.
Una vez se acepte la renuncia de Juan Carlos Henao, el alto tribunal deberá presentarle la decisión al Consejo de Estado, para que éste presente una lista de ternados de entre los cuales se elegirá su reemplazo.
Para entregar la terna al Senado, la Corte Constitucional tiene un plazo de quince días, y la elección tendrá que darse en los 30 días siguientes a la presentación.
REVISTA SEMANA
"LA FISCALÍA QUEDA EN LAS MEJORES MANOS": SANTOS
En la Casa de Nariño el presidente Juan Manuel Santos posesionó a Eduardo Montealegre como nuevo fiscal general de la nación en reemplazo de Viviane Morales.
"Hoy pueden estar tranquilos que a partir de este momento la Fiscalía continúa con una labor importantísima en la lucha contra la corrupción, contra la criminalidad y contra el terrorismo y que se va a continuar con la misma efectividad”, dijo el presidente, Juan Manuel Santos.
Eduardo Montealegre fue elegido el jueves 22 de marzo como fiscal general luego de obtener 16 de los 23 votos posibles en la Corte Suprema.
Montealegre integraba la terna que fue presentada por el presidente Juan Manuel Santos junto a Mónica de Greiff y María Luisa Mesa.
¿Quién es?
Eduardo Montealegre es abogado de la Universidad Externado de Colombia con especialización y posgrado en derecho penal en la Universidad de Bonn y una especialización en derecho constitucional de la Universidad de Erlangen (Alemania).
Durante más de 20 años ha sido profesor en el área penal. Ha sido asesor jurídico y consultor. Fue magistrado de la Corte Constitucional (2001-2004).
Años atrás fue juez de instrucción criminal (1981), juez penal municipal en propiedad (1982), conjuez de los Tribunales Superiores de Bogotá y Cundinamarca (Sala Penal) y del Tribunal Nacional de Aduanas en varias oportunidades. También se desempeñó como asesor del Instituto Colombiano de Ahorro y Vivienda (ICAV).
Dentro de su hoja de vida también se destaca el cargo como procurador general de la Nación encargado en la época de Jaime Bernal Cuéllar y viceprocurador general por en los mismos años.
Su carrera como penalista le ha permitido ser autor de varias obras jurídicas y en la actualidad es consultor y director del Centro de Investigaciones en Filosofía y Derecho de la Universidad Externado de Colombia.
Montealegre también ha sido contratista del Departamento Administrativo de la Presidencia y del Ministerio de Relaciones Exteriores durante el actual gobierno.
En el primer caso tuvo un contrato con vigencia hasta diciembre del 2011, para apoyar las actuaciones del Gobierno ante la Corte Constitucional en lo referente a la expedición de decretos de emergencia económica y social.
En el segundo caso, Montealegre fue asesor hasta el 2010 de la Cancillería en temas de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Sistema Interamericano de DD.HH., para apoyar el equipo jurídico que defiende al Estado en cortes internacionales.
Si bien Eduardo Montealegre era entre los tres candidatos el jurista más conocido por dominar muy bien la justicia penal y haber participado en comisiones redactoras de códigos, es tal vez el único magistrado que ha renunciado a la Corte Constitucional antes de terminar su periodo. Le faltaban cerca de cuatro años y se retiró sin dar mayores explicaciones.
Le han también criticado su cercanía con el expresidente de Saludcoop Carlos Palacino, y haber defendido a esa EPS cuando se le ordenó restituir más de 600.000 millones de pesos por usar recursos públicos para construir hospitales propios.
MAGISTRADO JUAN CARLOS HENAO SE RETIRA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
El expresidente de la Corte Constitucional y nuevo rector de la Universidad Externado de Colombia, Juan Carlos Henao.
Remplazará al desaparecido Fernando Hinestrosa como nuevo rector de la Universidad Externado de Colombia.
El expresidente de la Corte Constitucional, Juan Carlos Henao, dejará el alto tribunal para ser el nuevo rector de la Universidad Externado de Colombia, centro de educación superior del que se graduó como abogado.
El cargo estaba vacante tras el fallecimiento del Fernando Hinestrosa el pasado 10 de marzo y quien ocupó la rectoría de esa casa de estudios a los largo de 48 años.
Ocho personas, seis profesores y dos estudiantes, se encargaron de la elección a partir de cuatro nombres postulados por el Consejo Directivo del Externado.
Se conoció que en la baraja estaban también el exprocurador, Jaime Bernal Cuéllar; el exsecretario general de la universidad, Hernando Parra Nieto; y el también exmagistrado Humberto Sierra Porto.
Además de su título en Dereacho del Externado, Henao tiene especialización en Derecho Administrativo y es Master en Derecho Público Interno Francés de la Universidad de París. Además, es Doctor en Derecho de la Universidad de Panthéon-Assas París.
También pasó por la Procuraduría, donde ocupó la asesoría del despacho del procurador general de la Nación y se desempeñó como procurador primero delegado ante el Consejo de Estado.
El nuevo rector, había sido ternado a la Corte Constitucional por el Consejo de Estado, tribunal donde se desempeñó en el cargo de magistrado auxiliar de la Sección Tercera.
CONSTITUCIONAL DECLARA EXEQUIBLE VIGENCIA DE LEY DE VÍCTIMAS Y RESTITUCIÓN
El Alto Tribunal declaró ajustadas a la Constitución las fechas que la normativa contempla para reparar a las víctimas de la violencia y devolverles sus tierras.
La Sala Plena de la Corte Constitucional determinó, el miércoles, que las fechas a partir de las que se aplicarán las medidas para reparar a quienes se acojan a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras están ajustadas a la Carta Política.
Así, la reparación para las víctimas de la violencia para se aplicará para hechos sucedidos después de primero de enero de 1985, mientras en el caso de la restitución de predios se tendrán en cuenta lo acaecido luego del primero de enero de 1991.
El pronunciamiento del Tribunal se da a propósito de dos demandas en contra del artículo tercero de la Ley 1448 de 2001 -que recoge la normatividad arriba señalada- bajo el argumento de iba en contra del derecho fundamental a la igualdad.
Con ello quedan en firme ambas fechas, tal como lo había planteado la Ley y los había defendido el Gobierno.
La normativa, sancionada por el presidente Juan Manuel Santos el 10 de junio de 2011 y que entró en vigencia el pasado primero de enero, se ha constituido en la legislación más ambiciosa de las reformas impulsadas por la actual administración.
MINHACIENDA, SIN FÓRMULA PARA FINANCIAR LA RAMA JUDICIAL
El Congreso esperaba del Gobierno una nueva fórmula para financiar las necesidades de la rama judicial, porque la que contempla la reforma a la justicia fue calificada de precaria. El ministro Juan Carlos Echeverry no la llevó y los reparos al proyecto subieron de tono.
Un día después de que el presidente de La U, Juan Lozano, reclamó al ministro de Hacienda que "cumpliera su compromiso" y presentara una nueva fórmula para financiar adecuadamente las necesidades de la rama judicial, Juan Carlos Echeverry llegó al Congreso, pero sin presentar la esperada fórmula.
El ministro Echeverry, en una rápida intervención en la Comisión Primera del Senado, reiteró que la posición del Gobierno, presidente Santos incluido, es fortalecer "sin cortapisas" y "concurrir con los recursos necesarios" la rama judicial.
Pero Echeverry le pidió al Congreso no establecer, con rango constitucional, el presupuesto de la justicia. Dice el ministro que esa decisión traería "consecuencias nocivas" porque haría que el presupuesto de la Nación se volviera inflexible, y si la Constitución establece un porcentaje del presupuesto para el sector justicia, otros sectores del país harían esa misma exigencia constitucional.
Echeverry dice que el Gobierno "sigue estudiando una fórmula" para garantizar la eficacia de la rama judicial. Pero aún no la tiene.
Es decir, mantiene la propuesta de que el presupuesto para la justicia se definido por un 2% encima del Índice de Precio al Consumidor (IPC), y que por un periodo de cinco años (desde el 2013) se le asigne un billón de pesos, distribuidos en 200.000 millones anuales.
Esa fórmula ha venido siendo calificada de precaria e insuficiente por varios miembros del Congreso. Y como Echeverry no presentó una fórmula más eficaz, los senadores Luis Carlos Avellaneda (Polo) y Juan Lozano (La U) atacaron con dureza al ministro de Hacienda.
Avellaneda justificó la actitud de las altas Cortes, de retirarse del debate, porque "el Gobierno está actuando con absoluta irresponsabilidad (…) El ministro de Hacienda ni siquiera llega con un estudio sobre las necesidades de la rama. Quedamos decepcionados".
Cuando el ministro de Hacienda pidió a los congresistas agilizar sus intervenciones porque tenía otros compromisos, Juan Lozano le reclamó a Echeverry que el Congreso lleva un año esperando la fórmula que no aparece.
Y ahí cuestionó con dureza la reforma a la justicia. Lozano insistió que si no se garantizan los recursos adecuados al poder judicial, se afectan la independencia y la autonomía de la administración de justicia.
Por eso, en uno de los términos más duros con los que se ha referido al proyecto del Gobierno, dijo que "esta reforma es un golpe de muerte al principio de separación de poderes, base del Estado de Derecho".
Según Lozano, la rama judicial no satisface sus necesidades con la propuesta del Gobierno, y lo que se va a conseguir es que "año tras año veamos a los magistrados en el penoso trasegar de pedirle al Gobierno más recursos". Dice el presidente del Partido de La U que "eso es lo mismo que los jueces pidieran permiso al gobierno para cumplir con sus funciones".
El ministro Juan Carlos Echeverry soportó el chaparrón de críticas. Pero no quiso responder a los numerosos interrogantes. Abandonó el recinto de la Comisión Primera sin siquiera hablar a los periodistas que esperaban una reacción.
CMI
PIDEN DECLARAR CONSTITUCIONAL TOPE DE HONORARIOS PARA APODERADOS DE VÍCTIMAS
En concepto del procurador, las víctimas del conflicto interno ameritan una especial protección constitucional.
El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, le pidió a la Corte Constitucional que declare exequible el parágrafo 1 del artículo 44 de la Ley 1448 de 2011, que fijó topes máximos para el cobro de honorarios de los abogados de las víctimas que presenten acciones de tutela o que promuevan procesos ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
El jefe del Ministerio Público señaló que si bien “los abogados tienen derecho a ejercer su profesión y a recibir una remuneración adecuada, como cualquier otro profesional, no se puede pasar por alto que la profesión de abogado tiene una importante función social que implica obligaciones respecto de los miembros más débiles de la sociedad, grupo al cual pertenecen las víctimas del conflicto”.
Además, dijo que pretender que las víctimas acuerden de manera libre e irrestricta los honorarios con sus abogados, desconoce que la víctima no se enriquece con el respectivo proceso, sino que apenas recibe una reparación integral representada en la indemnización por un daño sufrido.
Para el procurador general si la víctima no está en las mismas condiciones de su apoderado de cara a celebrar un contrato, al ser la parte débil de la relación, “no parece irrazonable o desproporcionado que el Estado intervenga para fijar un tope máximo a los honorarios de los abogados, por medio de una norma que es de orden público y que constituye una garantía mínima irrenunciable a favor de la víctima.”
El dar un trato especial a las víctimas respecto de las demás personas se justifica en la medida que obedece a su especial condición subjetiva, en tanto se trata de sujetos que ameritan una especial protección constitucional, enfatizó.
CORTE CONSTITUCIONAL ORDENA AL MINEDUCACIÓN TOMAR MEDIDAS CONTRA MATONEO EN COLEGIOS
Al fallar una tutela, el alto Tribunal también le llamó la atención al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para que con el Ministerio de Educación, en un plazo de seis meses, implementen una política que evite el matoneo en los planteles educativos del país.
La Corte Constitucional mostró preocupación en su fallo y reveló que el 12 por ciento de la deserción escolar se produce por este fenómeno de violencia y hostigamiento entre los niños en los colegios.
Por su parte, la Procuraduría le recomendó a la corporación ordenar que haya coordinación entre colegios y fiscales de adolescencia para evitar conductas criminales.
El matoneo es cualquier tipo de violencia ejercida por menores contra sus propios compañeros.
ICBF ESTABLECE NUEVO PROTOCOLO PARA PROCESOS DE ADOPCIÓN
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) diseñó un nuevo protocolo con las directrices que deben seguir los funcionarios y las autoridades competentes, en cuanto a la aplicación de las distintas medidas de restablecimiento de derechos.
“Buscamos realizar una verificación rigurosa del estado de cumplimiento de todos los derechos de los niños, niñas o adolescentes a la luz del motivo de ingreso, así como hacer seguimiento a las medidas de restablecimiento de derechos adoptadas por el Defensor de Familia o autoridad competente”, sostuvo el director general del ICBF, Diego Andrés Molano Aponte.
El protocolo busca sentar bases sólidas para la restitución integral de los derechos de los menores, donde sea proporcional la medida con la amenaza o vulneración por la que ingresa al proceso administrativo de restablecimiento de derechos.
Molano indica que con este protocolo se logrará un trabajo coordinado entre un equipo interdisciplinario y la autoridad competente, además se escuchará y tendrá en cuenta la opinión del niño a través de su participación en el proceso, al igual que la sus familiares.
“Con esta nueva iniciativa buscamos involucrar no sólo al niño sino a sus padres biológicos y a los integrantes de la familia extensa desde el primer momento, puesto que se han identificado como referentes positivos en la búsqueda de garantía de sus derechos”, afirmó el Director General del ICBF.
En los casos donde sea inconveniente que el niño permanezca con su familia, se justificará contundentemente esta decisión; se asegurará que la institución de protección esté informada de la historia de atención, debilidades y fortalezas; y se garantizará al menor, tanto el contacto con su familia como el suministro de toda la información del proceso.
MAGISTRADO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, NUEVO RECTOR DEL EXTERNADO
El magistrado de la Corte Constitucional Juan Carlos Henao fue acordado como nuevo rector del Externado de Colombia y su nombramiento se oficializa de un momento a otro.
Henao aceptó y será el sucesor del fallecido Fernando Hinestrosa, uno de los más grandes humanistas del siglo XX en nuestro país. Hinestrosa tuvo a Henao como su amigo, confidente, contertulio más cercano... El libre pensamiento, la ideología liberal y la filosofía progresista siempre los identificó. Henao, abogado del mismo Externado con especialización en Derecho Administrativo y máster en Derecho Público Interno Francés de la Universidad de París, doctor en Derecho de la Universidad de Panteón-París. Henao se va de la Corte Constitucional; el Consejo de Estado integrará la terna para que el senado elija su sucesor.
Inmensa ganancia del Externado; sensible pérdida de la Corte.
SE DILATA EL FALLO QUE LA CORTE CONSTITUCIONAL TIENE LISTO EN EL QUE TUMBA EL RÉGIMEN ESPECIAL...
Más de la mitad de los miembros de la Corte Constitucional se declararon impedidos para fallar sobre el tema de las pensiones de los parlamentarios.
Como se sabe, la ponencia sobre inconstitucionalidad del régimen especial de los parlamentarios sobre sus pensiones es favorable, y se puede afirmar que la Corte va a tumbar el régimen especial de las pensiones de los parlamentarios, por absolutamente inconstitucional. El asunto es que los siguientes magistrados se han declarado impedidos para fallar: Luis Ernesto Vargas, Jorge Iván Palacio, Nilson Pinilla, María Victoria Calle y Jorge Pretelt.
Impedidos, porque o están a punto de pensionarse, o tienen pensión, pero suspendida, o tienen familiares exparlamentarios con pensión. A Vargas, Palacio y Pinilla se les aceptó el impedimento. Se designarán conjueces. A Pretelt no se le aceptó el impedimento y a María Victoria, esposa del presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez, está por decidirse.
El fallo que tumba el régimen especial de pensiones de los parlamentarios debía producirse hoy; se aplazó hasta la semana de Pascua.
CARACOL RADIO
CON EDUARDO MONTEALEGRE, 'LA FISCALÍA QUEDA EN LAS MEJORES MANOS': SANTOS
El presidente Juan Manuel Santos destacó las capacidades del fiscal general, Eduardo Montealegre Lynett, y aseguró que será fundamental en la lucha contra la corrupción y los grupos armados ilegales.
“Quienes estaban temerosos de que iba a ver interinidad, siempre las interinidades son nocivas, hoy pueden estar tranquilos que a partir de este momento la Fiscalía continúa con una labor importantísima en la lucha contra la corrupción contra la criminalidad, y contra el terrorismo y que va a continuar con la misma efectividad”, destacó el mandatario.
El jefe de Estado agregó que el fiscal Montealegre enfrentará en su periodo varios retos y desafíos pero se mostró confiado al asegurar “la Fiscalía queda en las mejores manos”.
CORTE CONSTITUCIONAL DIO VISTO BUENO A LOS TÉRMINOS PARA BENEFICIOS DE LA LEY DE VÍCTIMAS Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS
La sala plena de la Corte Constitucional declaró exequible la fecha contenida en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, para acceder a los beneficios del Estado.
El Tribunal dejó en firme los términos para que las víctimas se presenten para reclamar los beneficios de la ley, por hechos ocurridos a partir del primero de enero de 1985.
Según la sentencia no existe discriminación con los términos establecidos para que las víctimas presenten sus reclamos ante el Estado para favorecerse por la Ley.
De esta forma, las víctimas de la violencia y el desplazamiento podrán presentarse por hechos ocurridos a partir del primero de enero de 1985.
SE CAYÓ LA LEY QUE APROBABA EL INGRESO DE EMPLEADOS PROVISIONALES
La Corte Constitucional tumbó el acto legislativo que permitía el ingreso al Estado de empleados provisionales.
La sala plena de la Corte Constitucional consideró que el acto legislativo 4 de 2011, sustituía a la Constitución, facultando el ingreso de provisionales que podrían homologar su experiencia por estudios de post-grado.
CORTE CONSTITUCIONAL AVALÓ TÉRMINOS DE LA LEY DE VÍCTIMAS
La Sala Plena del alto tribunal declaró exequible los términos para que las víctimas reclamen los beneficios adquiridos como víctimas del conflicto interno del país, a partir del primero de enero de 1985.
Para la Corte Constitucional, no existe discriminación en el plazo y los tiempos para solicitar la restitución de tierras y acceder a la norma por parte del Estado, en la cual según el Gobierno, se garantizan los tres aspectos para que una persona sea considerada como víctima: La verdad, la reparación y la justicia.
Todas las víctimas debidamente acreditadas ante el Gobierno pueden presentarse para adquirir los beneficios a partir enero de 1985.